La normativa otorga facultades especiales al Ejecutivo Nacional para simplificar, reducir o incluso suprimir trámites de forma directa. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el objetivo es claro: "que esta ley sirva para acabar con el burocratismo en las taquillas", permitiendo que los ciudadanos realicen sus gestiones de manera ágil y, en su mayoría, a través de plataformas digitales.
Claves de la nueva legislación:
- Cero burocracia: Se prioriza la eficiencia y eficacia en todas las dependencias de la Administración Pública.
- Transformación Digital: Se fomenta el uso de tecnologías para evitar la consignación presencial de requisitos recurrentes (evitar que le pidan la misma copia de la cédula en cinco oficinas distintas).
- Impulso a la Inversión: Al simplificar los procesos, se busca incentivar el flujo de capitales nacionales y extranjeros, eliminando los "cuellos de botella" administrativos.
- Control Directo: El Ejecutivo podrá intervenir procesos administrativos lentos para agilizarlos de inmediato mediante decretos.
La ley ha sido remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ratificar su carácter orgánico antes de ser promulgada oficialmente en Gaceta Oficial.
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