La articulación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento ha permitido actualizar normas en sectores estratégicos como los hidrocarburos, el sistema de justicia, la seguridad ciudadana, la simplificación de trámites públicos y el impulso directo a rubros agrícolas de exportación, delineando una hoja de ruta para la estabilidad social y el desarrollo productivo en este 2026.
Reactivación económica, energía y guerra contra la burocracia
En el ámbito económico y de eficiencia administrativa, el Parlamento venezolano aprobó normativas clave orientadas a dinamizar el aparato productivo y modernizar la gestión del Estado:
- Apertura y modelo petrolero (29 de enero): Se aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, un paso estratégico destinado a incorporar nuevos modelos de gestión y flexibilización operativa que permitan a Venezuela retomar su camino para consolidarse como un gigante productor de crudo en el mercado energético mundial.
- Cero burocracia gubernamental (26 de marzo): La plenaria de la AN aprobó por unanimidad la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Su objetivo central es erradicar los cuellos de botella y la burocracia en las gestiones públicas, promoviendo la digitalización y la eficiencia en la atención al ciudadano.
- Impulso agrícola de exportación (13 de julio): En uno de los hitos más recientes, la presidenta Rodríguez promulgó la Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano, así como la Ley para el Fomento y la Promoción del Café (ambas aprobadas en sesión ordinaria en junio). Estas leyes protegen y estimulan los procesos de producción, transformación, industrialización, comercialización, exportación y consumo sostenible de dos de los rubros más cotizados del agro nacional.
Pacificación ciudadana, justicia y seguridad civil
El ordenamiento legal del último semestre también ha puesto el acento en el reencuentro nacional y el fortalecimiento de las instituciones judiciales y policiales:
- Convivencia Democrática (19 de febrero): El Parlamento aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsado directamente por la jefa de Estado. En su artículo 7, la norma establece que la amnistía «abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta Ley».
- Reforma del TSJ: Durante este período se sancionó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fijando una nueva estructura de integración de 32 magistrados en el máximo tribunal. Cada Sala queda conformada por cinco autoridades judiciales, a excepción de la Sala Constitucional, que mantendrá un cuerpo colegiado de siete magistrados.
- Estatuto Policial (27 de enero): Se dio luz verde a la reforma parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, actualizando las normas que rigen las relaciones de empleo público y la actuación técnica de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y demás expertos en investigación penal.
- Apoyo humanitario (marzo): En el marco del Día del Médico, se promulgó la Ley de la Cruz Roja Venezolana, un reconocimiento jurídico aprobado previamente por unanimidad legislativa para blindar las labores de asistencia y salud humanitaria en el territorio.
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