Obregón rechazó categóricamente las matrices de opinión que señalan una entrega desventajosa del recurso energético, subrayando que las operaciones actuales responden a una alianza comercial en la que el Estado obtiene un rédito económico efectivo. Explicó que el inversionista privado aporta la inversión requerida para potenciar los yacimientos y recibe un porcentaje fijado contractualmente que resguarda la rentabilidad de su proyecto, mientras PDVSA preserva la participación mayoritaria y la salvaguarda de los activos públicos.
Asimismo, el máximo representante de la corporación estatal diferenció el Contrato de Participación Productiva del antiguo esquema de concesiones petroleras, precisando que aquellas figuras delegaban el control total de la actividad a los privados a cambio de tributos marginales. Destacó que las concesiones constituyen un modelo caduco que no se corresponde con las políticas soberanas del sector energético venezolano, reafirmando que las alianzas vigentes consolidan un marco de estabilidad jurídica, eficiencia operacional y beneficio mutuo para la nación y sus aliados estratégicos.
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