El acuerdo estratégico contempla la recuperación integral, modernización y reimpulso de la industria nacional de hidrocarburos, orientando la captación de recursos económicos hacia la generación de bienestar social e infraestructura productiva a mediano y largo plazo. La alianza permite aprovechar la posición estratégica de Venezuela como poseedora de las mayores reservas probadas de crudo a nivel mundial, abriendo el camino para la captación de inversiones internacionales de alto impacto y el incremento de los ingresos fiscales de la nación.
Asimismo, el marco normativo de esta cooperación binacional ratifica el ejercicio pleno de la soberanía sobre los recursos naturales y activos energéticos del país. Mientras la administración estadounidense aporta capital financiero y transferencia tecnológica de vanguardia para potenciar la capacidad operativa en los campos petroleros, el Estado venezolano mantiene la propiedad absoluta sobre sus yacimientos y la conducción soberana de la industria energética nacional.
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