De la alcaldía de Mérida a una celda en Ohio: Exalcalde Carlos García enfrenta orden de deportación en EE. UU.

La situación de los políticos opositores venezolanos en el exterior sigue complicándose. Carlos García, quien fuera alcalde del municipio Libertador de Mérida, se encuentra actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y con una orden de salida inminente del territorio estadounidense.

García, quien ingresó de forma irregular a Estados Unidos en 2022 tras un paso por Colombia, se había establecido en Ohio junto a su familia. Aunque bajo la administración de Joe Biden se le otorgó el TPS —un beneficio que le permitía residir y trabajar legalmente—, el cambio de rumbo en las políticas federales este año parece haber dejado sin efecto dicha protección.

Una detención sorpresiva

El arresto se produjo el pasado 23 de enero en las oficinas del ICE en Hamilton, Ohio. Lo que debía ser una comparecencia de control rutinaria terminó con el exalcalde trasladado a una celda en el condado de Butler. Según informaron sus allegados, la detención fue sorpresiva y no se ofrecieron explicaciones inmediatas sobre por qué se ignoraba su estatus de protección vigente.

Este martes 10 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional notificó formalmente que el destino de la deportación sería Ecuador, país que figura en el expediente administrativo del proceso.

Sin amparo legal

A pesar de que sus abogados intentaron frenar la medida mediante un recurso de hábeas corpus, la corte de inmigración mantuvo la orden de salida. El caso de García se suma al de miles de ciudadanos que hoy son procesados bajo un sistema migratorio mucho más rígido, que está revisando y revocando acuerdos previos en un esfuerzo por reducir la población con estatus irregular.

Antecedentes en Venezuela

Cabe recordar que Carlos García fue destituido de su cargo en Mérida en el año 2017. En aquel momento, la justicia venezolana actuó debido a la inacción de su gestión frente a las olas de violencia y "guarimbas" que azotaron a la entidad andina, lo que finalmente lo llevó a salir del país para evitar las responsabilidades legales derivadas de esos sucesos.

Hoy, a miles de kilómetros de las montañas merideñas, el futuro de García queda en manos de los tribunales estadounidenses, en un escenario donde la política de "cero tolerancia" no parece admitir excepciones.