Bolivia entra en su cuarta semana de protestas masivas ante la falta de diálogo y el endurecimiento del conflicto.

Los movimientos sociales en resistencia exigen la renuncia del mandatario y denuncian un drástico deterioro en las condiciones de vida tras los primeros seis meses de la actual administración. El descontento se ha agravado ante la escasez de combustible, alimentos y suministros médicos derivada del aislamiento vial de La Paz, así como por la propuesta legislativa del Ejecutivo de discutir una ley que facilite la declaración de estados de excepción, lo cual es calificado por la dirigencia popular como una preocupante deriva autoritaria orientada a criminalizar la protesta social legítima. El conflicto ya trasciende los Andes y se expande con fuerza hacia Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, evidenciando una fractura social de difícil resolución.

Radiografía de la crisis boliviana:

• Bloqueo y Desabastecimiento: Cuatro semanas de trancas en las principales arterias viales mantienen a la capital, La Paz, en una situación humanitaria crítica por falta de víveres y carburantes.
• Fuerza de la Movilización: Convergencia de las bases campesinas aimaras, el sector minero y la COB exigiendo la dimisión del Ejecutivo.
• Alerta de Represión: Organizaciones denuncian un proyecto de ley que busca eliminar las restricciones legales del 2020 para dotar al Gobierno de facultades discrecionales de seguridad.
• Polarización Regional: El Comité Cívico de Santa Cruz adopta una postura beligerante frente a las protestas, atizando una brecha social que el discurso oficialista califica como un "intento de golpe de Estado".