El texto legal veta de manera estricta las herramientas generadoras de deepfakes de contenido sexual, la manipulación de material de abuso infantil, las técnicas subliminales de control mental y el uso de datos biométricos para la clasificación masiva de ciudadanos. Para garantizar una fiscalización continua de los algoritmos y velar por los derechos fundamentales en internet, el Estado español desplegará un escudo institucional integrado por la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial, obligando a las empresas a someter sus sistemas a auditorías técnicas transparentes y periódicas.
Escala de sanciones y restricciones del nuevo marco legal:
- Infracciones Muy Graves: Multas corporativas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual global por el uso de aplicaciones prohibidas.
- Faltas Leves: Penalizaciones de hasta 500.000 euros o el 0,5% de la facturación para omisiones administrativas o de transparencia.
- Responsabilidad de la Cúpula: La ley introduce la responsabilidad personal e individual sobre los directivos de las empresas, obligándolos a supervisar directamente el diseño ético de sus plataformas.
- Veto Total: Prohibición absoluta y sin excepciones de sistemas generadores de identidades falsas (deepfakes) con fines de daño moral o manipulación de la opinión pública.
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